La violencia en contra de las mujeres es un lastre que arrastra la humanidad desde siglos atrás y es un fenómeno que trasciende fronteras y se encuentra profundamente arraigado, en mayor o menor medida, en todas las culturas, sostuvo la doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al impartir la conferencia magistral El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, advirtió que lejos de desterrarse, el problema crece y además en la actualidad se ve atravesado por otros factores que colocan a un elevado número de víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Invitada por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (CRAM-ANUIES), en el marco del Día Internacional de la Mujer, apuntó que a finales del siglo XIX los movimientos feministas empezaron a cobrar más fuerza y a luchar por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, al tiempo que han hecho visible la patente desigualdad que padecía y hoy sufre todavía una buena parte de ellas en todo el mundo.
Más de 100 años después del combate por la igualdad de la mujer y la no violencia en su contra “y aún no lo hemos conseguido”, pese a que ha surgido una serie de instrumentos que vincula a los estados a la protección cada vez más amplia de sus derechos y de otros como la aprobación de Organización de las Naciones Unidas, en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, firmada por 189 de los 193 países pertenecientes a la ONU y ratificada por “nuestra nación en 1981”.
México ha rubricado además la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para) en 1998. A partir de la validación de estos instrumentos el Estado mexicano asumió las obligaciones que ahí se imponen.
En el país se ha desarrollado un amplio marco jurídico que recoge los estándares internacionales en materia de género y garantías humanas, incluida la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres, y las leyes generales de Víctimas, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, en particular, la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que define los distintos tipos de intimidación que pueden ejercerse en su contra.
Entre los tipos de violencia se sancionan la psicológica, la física, la sexual y la económica. Adicionalmente existe una reforma en curso, pendiente de dictamen que pretende incorporar la de tipo digital, que consiste en toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita y comercialice.
La violencia por razón de género es aquella que se ejerce en su contra por el hecho de ser mujer, y aunque cabe decir que lo mismo puede afectar a los hombres o a las personas de la diversidad sexual, el carácter desproporcionado que tiene sobre ellas, niñas y adolescentes es lo que lo hace un foco especial de atención.
Tiene que ver con “todas aquellas formas de intimidación que imponen o restablecen una condición de sometimiento y es por ello la expresión más extrema de las desigualdades y la discriminación, un elemento a considerar sobre todo para conocer sus causas y combatirlas”, pues describe un tipo de crimen basado en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el fundamento de la subordinación de las mujeres al poder masculino.
La ministra expuso que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en 2020 se registraron 939 feminicidios (un promedio de 2.5 por día) 220 mil casos de violencia familiar, cuatro mil 50 casos de presuntos delitos de género y 16 mil 545 supuestas violaciones.
De acuerdo con una encuesta de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la violencia en escuelas y universidades en mujeres de 15 años o más, 66 por ciento sufrió al menos un incidente del tipo en su ámbito; 49 por ciento emocional, 41 por ciento sexual, 34 por ciento física y 29 por ciento económica o patrimonial.
El motivo de la plática no es sólo conmemorar el 8 de marzo como una efeméride más en el calendario o porque los movimientos feministas lo impongan, sino “reflexionar sobre las circunstancias actuales y las consecuencias a futuro, porque es un fenómeno que se extiende y también atañe a la comunidad escolar, al estar presente en el ámbito universitario” y “son ustedes las generaciones de jóvenes a quienes toca promover el cambio que se requiere para eliminar este grave problema”.
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, destacó que las instituciones de educación superior tienen la obligación de proteger a toda la comunidad universitaria y en particular a las mujeres para favorecer que tengan una vida libre de violencia.
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