En una maniobra de complicidad políticas y juego sucio electoral, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla enredó a la Jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro y al personal operativo del SAT, en la entidad, para montar un operativo con miras a intimidar a Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario.
La estrategia de Bonilla era evitar que se notara su mano; sin embargo, dejó una serie de huellas tamaño paquidermo. Según el Acuerdo Nacional por la Democracia enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores invita a “no intervenir para apoyar a ningún candidato, a no permitir que se utilice el prepuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas”.
Acostumbrado a brincarse las trancas legales, Jaime Bonilla trató hacer el movimiento por el lado de la “justicia” y utilizó al brazo fiscalista de Hacienda y se llevó a cabo una auditoría a las máquinas tragamonedas del negocio del empresario y candidato a la gubernatura Hank Rhon, con el fin de amedrentarlo y sacarlo de la contienda electoral.
Los inexpertos inspectores, de la división de Comercio Exterior del SAT Estatal, son en su mayoría funcionarios improvisados, con la consigna de encontrar algo malo o de lo contrario corren el riesgo de perder su trabajo. Por ello es que las inconsistencias tienen tufo a órdenes políticas y no especializadas ya que la auditoría aplicó en fin de semana y puente.
No sólo esa fue una de las primeras debilidades, sino que a diferencia de la empresa Casino Arenia, propiedad del ex alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, amigo personal del gobernador, éste goza de apoyo ya que se le permitió abrir su negocio cuando había semáforo rojo en junio de 2020.
De acuerdo con la información los auditores revisaron 940 de las mil 150 máquinas que tiene la empresa de Hank en Tijuana en el casino de Agua Caliente. Todas ellas tienen todos los permisos y documentos que acreditan su compra, entrada al país y licencias para funcionar en regla, pero argumentan en sus alegatos cosas tan absurdas como el hecho de que algún sello se salió del recuadro, un número de serie no esté en su línea, esté medio borroso, se puso chueco o descuadrado.
En estos casos lo que indica la ley es que las máquinas se embargan o inmovilizan, dejando al contribuyente como depositario, pero en este caso particular ellos argumentan que se las tienen que llevar y pese a que estas se encuentran atornilladas al piso y conectadas a una red electrónica, insisten en llevárselas porque esa es la orden que tienen de sus superiores.
El operativo político-fiscalista orquestado por Bonilla se volvió más complejo ya que los funcionarios del SAT embargaron 280 máquinas, esta situación puso al máximo la tensión electoral en la entidad. De manera astuta, el gobernador no utilizó el aparato del gobierno para evitar que se le acuse de reventar el acuerdo democrático, pero usó una estructura alterna para darle un empujón necesario a la candidata oficial Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y esto es el principio de las triquiñuelas de Bonilla.
Israel Mendoza / Periodista
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