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Los expresidentes en la mira de las autoridades de justicia
Lunes 10 de agosto de 2020. Un agente del servicio secreto interrumpe la conferencia de prensa de Donald Trump para llevarlo a un lugar seguro ante la alerta de un tiroteo afuera de la Casa Blanca. Defender al presidente es la prioridad.
La democracia moderna supone una división de poderes, en que la figura más notable es el Ejecutivo y su representante, el presidente. La figura presidencial es protagonista de series, novelas e historias de todo tipo, las cuales centran su importancia en una representación nacional o en la toma de decisiones de la persona al frente del Estado.
Se trata, en todo caso, del servidor público de mayor relevancia y proyección, que a partir del Siglo XIX ha suplido la imagen del rey como Jefe del Estado, que puede ser elegido o designado por un colegio electoral, pero a final de cuentas encarna el Poder.
La etimología nos lleva hasta la expresión latina “praesidere”, cuyo significado es “estar sentado al frente”; es decir, el mandatario está al frente del gobierno. Sin embargo, esta definición tiene otro sentido más amplio “estar situado al frente para proteger a los demás”, para prestar auxilio, ayuda, socorro o amparo.
El presidio o fuerte español era un tipo de fortificación, inspirado en la arquitectura militar del Imperio romano, usado para el acuartelamiento de tropas; un baluarte fronterizo de defensa, amparo y pacificación territorial. Con el tiempo, los condenados eran enviados a esas guarniciones, principalmente las ubicadas en Marruecos, por lo que la palabra fue adquiriendo poco a poco el sentido de “establecimiento penal”.
Sentados frente a un tribunal, con la posibilidad de compurgar penas de orden penal, han estado varios expresidentes de América Latina, desde los lejanos golpes que derivaron de las pugnas por el poder en el Siglo XIX y XX, hasta los escándalos de violaciones a los derechos humanos, como el peruano Alberto Fujimori.
La sentencia condenó a Fujimori a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina.
El Siglo XXI, por lo menos sus primeras décadas, quizá se caracterice por un interés en castigar actos de corrupción de los expresidentes que abusaron del poder que se les otorga para enriquecerse mientras las poblaciones padecen pobreza y marginación.
En Centroamérica, en los últimos años, 19 exmandatarios de los seis países que conforman la región, han sido protagonistas de escándalos de corrupción que los han llevado a enfrentar procesos judiciales y en algunos casos a presidio.
En Brasil, Lula Da Silva fue condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero; sin embargo, en mayo de 2020, la justicia brasileña lo declaró inocente pues las denuncias no tenían sustento.
Odebretch, madre de todos los escándalos
Sin duda el escándalo de mayor impacto en América Latina es el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht con varios de los políticos más importantes del continente, quienes recibieron sobornos a cambio de contratos.
En Perú, Alan García, quien gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, era uno de los cuatro expresidentes peruanos implicados por el escándalo se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando la policía se preparaba para detenerlo. Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, también resultaron involucrados con esos sobornos.
Kuczynski se convirtió en el primer político en funciones que renunción antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso. Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado 4.8 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas con Kuczysnki.
Los pagos, informaba el documento, eran por siete consultorías entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, algunos de ellos cuando PPK era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien estuvo entre 2001 a 2006 en la presidencia.
Toledo enfrenta a una petición de 20 años y medio de cárcel de la Fiscalía por el caso Odebrecht, en el proyecto de la carretera Interoceánica que conectaría Brasil con el Pacífico peruano.
El también expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, cumplió una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con e
En Colombia, la Fiscalía General investiga si la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, recibió dos millón de dólares de Odebrecht que habría destinado a publicidad.
Lo que sigue es peor…
La semana pasada, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex presentó una denuncia de hechos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Estado, Luis Videgaray, por el caso Odebretch.
“En el caso de Odebrecht, está señalando que hubo una serie de sobornos que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
“El que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray), son las personas, que este individuo (Emilio “L”) señala fueron los que le ordenaron, que ese dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron la campaña”, afirmó el fiscal a través de un video difundido en redes sociales.
Getz Manero detalló aseguró que Lozoya ha señalado a cuatro testigos, entregó recibos y un video sobre sus declaraciones. El monto de los sobornos que según Lozoya se entregaron asciende a más de 400 millones de pesos.
Emilio Lozoya confesó otros sobornos relacionados con Odebrecht, así como la vinculación de una empresa mexicana con la constructora brasileña de la plata del Etileno XXI.
En la segunda parte de la denuncia de hechos, Lozoya señala que fueron empleados 120 millones de pesos en sobornos para obtener los votos suficientes en el Congreso de la Unión de las llamadas reformas estructurales.
El exfuncionario asegura que Peña y Videgaray ordenaron que dicho dinero fuera para un diputado y cinco senadores; sin embargo, el fiscal señaló que los nombres de los legisladores permanecerán en anonimato por motivos de presunción de inocencia.
También se entregaron 84 millones de pesos a varios legisladores y al secretario de finanzas de un partido político. Además de otros 200 millones enfocados a la aprobación de las reformas estructurales.
El férreo presidencialismo en México durante el Siglo XX provocó que los titulares del Ejecutivo federal cometieran toda clase de tropelías. Fue hasta 2006, cuando el expresidente Luis Echeverría Álvarez se sentó por primera vez frente al juicio de un tribunal que lo condenó a arresto domiciliario por la desaparición forzada del activista político universitario Héctor Jaramillo, así como de los delitos de genocidio y homicidio.
Sin embargo, en 2007 un juez consideró que, si bien había elementos para considerar que en Tlatelolco ocurrió un genocidio, no había nada que inculpara directamente a Echeverría. El fallo fue ratificado por un tribunal en 2009.
El proceso contra Echeverría lo inició en 2005 la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Echeverría, de 98 años, todavía tendrá que enfrentar el juicio de la historia, tal y como lo han hecho, muchos de los expresidentes mexicanos del siglo pasado; sin embargo, los anteriores expresidentes Felipe Calderón Hijosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), todavía les queda tiempo para enfrentar procesos penales.
El 10 de diciembre de 2019, se dio a conocer la detención de Genaro García Luna en Dallas, Texas, acusado por el fiscal del distrito este de Nueva York de conspiración, aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y por declaraciones falsas.
El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Calderón, fue señalado en 2012 por el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, de haber recibido dinero del narcotráfico.2
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, dio a conocer una denuncia contra García Luna ante la FGR, por el desvío de recursos y lavado de dinero cuando era funcionario. Esta acusación se suma a la investigación por una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a las cuentas de García Luna en 2013.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que que no era correcto clasificar al Estado mexicano como un “narcoestado”, pero luego, asujo, con todo esto que está saliendo a relucir, “pues sí se puede hablar de un narcoestado”, situación que involucra a Calderón, jefe y amigo cercano de García Luna.
La historia sigue su curso y coloca al Estado en nuevas definciones sobre el papel del titular del Ejecutivo, sus atribuciones y sus límites en el ejercicio del poder, pues ahora hasta un rey en España es cuestionado sobre su dispendio.
Habrá que esperar para saber si la investigaciones de la FGR llevan a quienes estuvieron al frente del gobierno mexicano si llegan a estar al frente de un juez o a compurgar alguna pena en el presidio.
Roberto Cortez Zárate
source https://laguaridadelnagual.com/archivos/9666
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